La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) ha suspendido la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albarracín. Según se recoge en el informe, acordado el día 29 de abril y publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), «las numerosas deficiencias en la documentación técnica y las contradicciones detectadas no permiten considerar que se de cumplimiento íntegro a las exigencias documentales y materiales establecidas por el ordenamiento jurídico».
El PGOU de Albarracín, que comenzó a redactarse en el año 2002, fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento pero estaba pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.
A juicio de la CPOT, «el documento carece de coherencia interna y debe corregirse para establecer con preCisión qué suelos pertenecen a la categoría de genérico y cuáles a la de especial para establecer un régimen jurídico para regularlos de forma clara e inequívoca».
El alcalde de la ciudad, Francisco Martí, señaló que es muy difícil que se apruebe un Plan General «a la primera», aunque reconoció que no esperaban una suspensión ni que les señalaran tantas deficiencias. Además, precisó que la redacción se inició en el año 2002, por lo que muchos datos se han quedado desfasados «y hay que actualizarlos a 2010».
Incremento de viviendas
Uno de los principales aspectos cuestionados por la CPOT es el incremento «inexplicable» de 1.194 viviendas adicionales sobre las actualmente propuestas, «lo que supone duplicar su capacidad residencial y multiplicar por cinco el número de viviendas existentes». Según se recoge en el informe, esta propuesta no se basa en aspectos demográficos porque Albarracín lleva varias décadas en el umbral de los 1.100 habitantes, y en el documento no hay datos «sobre la demanda de segunda residencia que avalen una decisión de clasificación de tamaña magnitud».
El problema radica, según Francisco Martí, en que en esas viviendas enumeradas en el PGOU se incluyen las 448 viviendas que podrían construirse en la urbanización Valdevécar, cuyo suelo es apto para urbanizar pero hay problemas sobre la propiedad de los terrenos y «a corto plazo es muy difícil que se pueda construir allí».
El primer edil concretó que desde que Ordenación del Territorio les comunicó a mediados de mayo la suspensión, el equipo redactor está trabajando en la modificación de todas aquellas cuestiones que presentan deficiencias. Entre los aspectos que a priori tienen previsto modificar está el suelo urbanizable de determinadas zonas, como en la urbanización Valdevécar o en algunos de los terrenos situados detrás de las industrias madereras. Martí añadió que hay otras zonas, como el Arrabal o el Camino a Gea que «habrá que estudiar y decidir qué se hace».
Otra de las puntualizaciones que hace la CPOT al proyecto de Albarracín es que en algunas zonas, como la Senda Muerta, la clasificación propuesta «podría incumplir los principios constitucionales de igualdad y solidaridad (…) puesto que se clasifican terrenos con características similares, en un caso como urbanizables y en otro como urbanos».
Otra carencia detectada es que el espacio expositivo de Dinópolis y el pabellón polideportivo no se han incluido en el equipamiento comunitario y ni siquiera se mencionan en la documentación.
También hacen matizaciones a los espacios libres de dominio y uso público y proponen un nuevo estudio de los espacios verdes incluidos en el proyecto. Además, señalan que el PGOU presentado «carece de reserva para vivienda protegida», cuando por ley los municipios colindantes con capitales de provincia están obligados a una reserva del 30% de la edificabilidad residencial prevista en suelo urbanizable y en urbano no consolidado.
Como la modificación del PGOU será considerable, el nuevo documento se someterá de nuevo a exposición pública con el fin de que la gente pueda hacer las alegaciones pertinentes. La intención del Ayuntamiento era que el Plan General estuviera aprobado a finales del presente año, pero tras la decisión de la CPOT Francisco Martí reconoce que habrá un retraso y se marca como fecha posible para finalizar la tramitación el año 2011.
Fuente: Diario de Teruel
Fecha: 08/06/2010
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